TRANSPORTAVE, asociación de transportistas de portavehículos federada en FENADISMER, ha decidido en Asamblea la realización de un paro a partir del próximo 1 de noviembre salvo que antes los operadores logísticos se avengan a negociar y modifiquen de forma considerable las condiciones económicas y de trabajo que ahora mismo mantienen.
Los transportistas de portavehículos llevan meses denunciando la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que suponga una mejora considerable en sus condiciones de trabajo ante la negativa de los principales operadores logísticos a sentarse a negociar con ellos. Tampoco ha sido capaz de dar este paso la organización que les representa, CETM Portavehículos.
El empobrecimiento del sector, agravado por el parón que supuso el COVID, el descenso en las entregas de vehículos por la falta de componentes, la subida del gasóleo y la crónica escasez de conductores que padecen ha llevado a un porcentaje considerable de autónomos y pymes del sector a abandonarlo: los costes son más elevados que en otros sectores del transporte y los precios no están a la altura desde hace años. En cuatro años se ha perdido un 25% del parque de portavehículos.
El sector de portavehículos ha padecido desde antes que el resto de los sectores la escasez de conductores: demasiada responsabilidad a la que se suma el mal trato por parte de los cargadores y la obligación de realizar las operaciones de carga y descarga.
Estas situaciones entendemos que los operadores logísticos las soportan por la reducción en el número de entregas y unidades de vehículos que hay que transportar, pero, cuando se recupere la normalidad, se encontrarán que no disponen de empresas ni de vehículos para mantener el flujo de entregas, recogidas, etc. Aunque lo quieran pagar.
De todos los operadores logísticos que se dedican a este sector, TRANSPORTAVE solo ha podido sentarse a negociar con dos. Los demás se niegan a hacerlo. Esta situación preocupante e incomprensible ha llevado a los socios a convocar por unanimidad un paro del sector a partir del 1 de noviembre, salvo que antes se alcance un acuerdo que tiene que incluir un diferencial económico sobre la situación actual lo suficientemente grande como para que estas empresas puedan salir de la precariedad en la que trabajan y sean capaces de retener a conductores y vehículos.
