El Gobierno ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno que tiene, entre otros objetivos, acabar con las empresas deslocalizadas por medio de Inspecciones de Trabajo, Hacienda y Seguridad Social que ponga en claro la utilización abusiva que vienen realizando de la normativa comunitaria.
FENADISMER no puede hacer otra cosa que felicitarse de que por fin un Gobierno haya decidido poner en marcha todo el aparato de la Ley contra las empresas deslocalizadas, como viene denunciando y solicitando que se haga desde hace años. Ya hemos hablado con frecuencia del enorme daño que estas empresas están haciendo al sector de transporte español. Ahora, el Plan Director por un Trabajo Digno que acaba de aprobar el Gobierno tiene como objetivo erradicar la precariedad y el fraude en la contratación laboral así como conseguir una mayor calidad de empleo y condiciones de trabajo en España.
En este sentido, no podía faltar una decidida actuación contra las empresas «buzón», a las que define como “aquellas empresas sin actividad económica real en el país en el que tienen su sede, pero con actividad en otros Estados Miembros de la Unión Europea, siendo su finalidad contratar a personas trabajadoras en el país de origen y desplazarlos a otros países de la UE con el único objetivo de abaratar costes salariales, de impuestos y de seguridad social de la mano de obra a los que tiene que hacer frente la empresa, lo que supone un exponente claro de la precarización de las relaciones laborales”.
Así, para afrontar este fenómeno “y poner cerco al mismo”, la Inspección de Trabajo va a iniciar una campaña de inspección, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Inspección de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para conseguir una mayor eficacia en la inspección, el Ministerio de Trabajo elaborará una Guía de actuación, acompañada de una formación específica a sus funcionarios.
Si en el curso de la inspección, se detectara la comisión de algún delito relativo a la trata de seres humanos, prevista en el artículo 177 bis del Código Penal, se dará traslado a la Fiscalía para el inicio, en su caso, de las actuaciones judiciales que procedan contra dichas empresas y sus representantes.
