Las asociaciones de transporte quieren conocer las obligaciones legales relacionadas con la estiba de la carga y por eso han decidido encargar un Dictamen Jurídico sobre esta materia a profesores de la Universidad del País Vasco especializados en transporte.
Desde la publicación del Real Decreto 563/2017, que regula las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales y establece nuevas obligaciones en materia de la correcta sujeción de la carga a bordo de los vehículos de transporte, FENADISMER y las restantes asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera han venido manifestando su incertidumbre y preocupación sobre las consecuencias que puede originar la aplicación de dicha normativa.
Aunque la Dirección General de Tráfico ha tratado de clarificar el régimen de responsabilidad administrativa, con la publicación de la Instrucción 18/TV-103, para conocer el régimen de responsabilidades y sus correspondientes infracciones y sanciones, sin embargo, existen todavía cuestiones, referidas al cumplimiento de la obligación de la correcta sujeción de la carga, que es necesario clarificar.
Por ello, la práctica totalidad de las asociaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera han acordado encargar un Dictamen Jurídico a profesores universitarios de la Universidad del País Vasco, especializados en transporte por carreta, con el objetivo de analizar las obligaciones legales existentes en relación con la estiba y amarre de las mercancías en el transporte por carretera, y, más en concreto, en relación con la atribución de responsabilidades desde su perspectiva mercantil, laboral y administrativa.
Este Dictamen, previsiblemente estará listo en octubre próximo, se divide en tres partes; un estudio exhaustivo del régimen mercantil aplicable en la normativa nacional e internacional (CMR) y en otros países de la Unión Europea; el régimen laboral aplicable a dichas operaciones y las medidas de prevención de riesgo laboral que pudieran acarrear, así como las consecuencias de índole administrativa en caso de incumplimiento, tanto en el ámbito de transporte como de tráfico.
