Plazo de pago en el transporte en abril y lucha contra la morosidad en Europa

Los plazos de pago en el transporte en abril han subido ligeramente, 66 días de media, y a la vez nos enteramos de que la presidencia belga de la Unión Europea quiere desinflar la propuesta aprobada sobre morosidad que fija los plazos de pago en 30 días y sanciones por incumplimientos.

En abril el plazo de pago medio en el transporte se ha situado en 66 días, frente a los 64 días de marzo. No es un aumento alarmante, ni mucho menos, pero siempre nos alegra saber que el plazo medio de pago se va situando en el plazo legal, que son 60 días según la legislación española.

Solo un 7% de las empresas que incumplen los plazos de pago sobrepasan los 120 días (hace dos años eran el 20% de las empresas) y el resto paga entre 60 y 90 días. El medio de pago preferido una vez más es la trasferencia (70%), seguido del confirming (25%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).

La presidencia belga desinfla el reglamento sobre morosidad

FENADISMER ha conocido una propuesta alternativa que ha realizado Bélgica sobre el Reglamento de morosidad que se encontraba tramitando la Unión Europea y que ha quedado paralizado por las elecciones, a falta solo de ser consensuado por el trílogo.

Precisamente, por faltar el consenso entre Parlamento, Consejo Europeo y Comisión, la presidencia belga ha presentado una Directiva, que no Reglamento, que amplía el plazo a 60 días para muchas actividades, frente al plazo de 30 días salvo excepciones incluido en la propuesta ya aprobada por el Pleno del Parlamento.

Una Directiva requiere transposición al ordenamiento jurídico de cada país en un plazo que suele ser de dos años y que puede dar lugar a ciertas distorsiones, mientras que un Reglamento se aplica desde el plazo estipulado en su texto a la vez en todos los Estados miembros.

Como todavía queda pasar el trílogo, FENADISMER confía en que se mantendrá la propuesta aprobada en el Parlamento, ya que defiende de forma más efectiva los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que son la parte más débil en la cadena de comercialización.

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