La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte FENADISMER, ha hecho público su Informe de Plazos Medios de Pago 2018, donde se pone de manifiesto cómo la morosidad no solo no desciende, sino que ha aumentado ligeramente a lo largo de 2018, lo que hace aún más necesario que el Gobierno actual emita un Real Decreto Ley antes de la disolución de las Cortes, en el que se establezca un régimen sancionador contra las empresas morosas de forma que no haya que esperar un año mínimo para que pueda ponerse en marcha.
Y Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, apela a este método de urgencia porque fue un compromiso de este Gobierno, como lo ha sido de otros que no lo han llevado a cabo, el publicar un régimen sancionador contra la morosidad. Y porque de no hacerlo así, habría que esperar de nuevo un largo periodo de tiempo hasta que el Gobierno que saliera de las urnas se pusiera a ello. Y afirma que las pymes y los autónomos no pueden esperar más, no pueden seguir financiando a las grandes empresas.
Hace dos años que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad tramitar una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que no ha salido adelante por las presiones de las grandes superficies, tanto en el PP como en el PSOE. Incluso se ha llegado a plantear el volver al «pacto entre las partes» que está muy bien cuando las partes están en igualdad de condiciones, pero no cuando hay una clara situación de debilidad de una de ellas, como es la del proveedor en este caso.
Para Antoni Cañete está claro que los autónomos y pymes no pueden esperar a que se desarrolle un nuevo trámite parlamentario que puede durar un año, en el mejor de los casos. Por eso, solicita al Gobierno que lleve adelante su compromiso publicando un Real Decreto Ley que recoja estas garantías para los proveedores. Recuerda, que más de un tercio de las 500.000 empresas desaparecidas en los últimos diez años, lo han sido como consecuencia de la morosidad. Y recuerda también que España tiene el triste récord de ser el país europeo con los plazos de pago más largos.
El plazo de pago legal para el sector privado (cuando el que paga es una empresa privada) es de 60 días. La media de pago en 2018 se ha situado en 81 días, cuatro días más que en 2017. Es decir, el grave problema de tesorería de las pymes y autónomos no solo no se soluciona sino que va en aumento.
Es curioso cómo la percepción que tienen los deudores y los acreedores sobre este punto es bien diferente. Según los informes del Banco de España, un 56,5% de las empresas pagan fuera del plazo legal, según las cuentas que depositan las empresas, solo un 43,5% de ellas reconocen pagar fuera de plazo. ¿Por qué esta diferencia? Porque la Ley permite a las empresas no incluir el confirming entre la deuda no pagada.
Así las cosas, en encuestas realizadas por la propia Plataforma, el 94% de los encuestados afirman estar a favor de un régimen sancionador contra la morosidad, como medida para frenar esta práctica abusiva de las grandes empresas, porque son mayoritariamente grandes empresas (59%) las que pagan fuera de plazo, incluso muy fuera de plazo (más allá de los 90 días reconoce un 42% de las grandes empresas encuestadas).
Y mientras tanto, los proveedores, los acreedores, no reclaman el interés legal del dinero (intereses de demora) por los retrasos en un 86% y un 92% ni siquiera exigieron la indemnización legal a la que se tiene derecho por los gastos ocasionados por el recobro en caso de impago o demora. Para la Plataforma la razón fundamental que guía a las empresas a no exigir los escasos derechos que tienen frente a la morosidad es el miedo, ya que a estas alturas todos conocemos los derechos que tenemos en caso de impago.
