La tramitación electrónica sale muy cara para muchos transportistas que se ven obligados a acudir a empresas privadas que cobran precios abusivos para poder cumplir con sus trámites con la Administración de Transporte.
La Ley de Procedimiento Administrativo introdujo la comunicación electrónica entre la Administración y los administrados. Si bien, solo es obligatoria para las sociedades mercantiles, la Administración de transporte, tanto Fomento como las Consejerías, exigen a todos los transportistas, y conductores, la comunicación electrónica en todas sus relaciones.
Poder realizar los trámites electrónicamente con las Administraciones Públicas implica dos circunstancias: una tener los conocimientos necesarios para hacerlo, la segunda disponer del equipamiento técnico y tecnológico para poder hacerlo (ordenador de altas prestaciones, escáner para el volcado de la documentación que se debe presentar, certificado de firma digital y conexión a internet de alta velocidad). Evidentemente, no está al alcance de las 38.000 empresas y los 68.000 autónomos de transporte que operan actualmente en el sector, más las 65000 empresas dedicadas al transporte privado, de las que 22.000 son también autónomos.
Y no nos olvidemos de los 500.000 conductores que tienen la tarjeta de tacógrafo digital y tienen que renovarlo cada cinco años, lo que implica que, de media, cada año 100.000 conductores profesionales tengan que tramitar su renovación con las Consejerías de Transporte de las Comunidades Autónomas. Y tienen que hacerlo electrónicamente, aunque la Ley de Procedimiento Administrativo solo establece esa obligatoriedad para las empresas pero no para las personas físicas. Aunque la Administración de transporte, tanto autonómicas como estatal, han decidido hacerlo extensivo a todos.
Como consecuencia de esta imposición, son numerosas las empresas que ofrecen estos servicios a los transportistas y a los conductores por precios realmente abusivos. Por ejemplo, por una renovación de una tarjeta de CAP se puede estar cobrando tres veces el importe de su tasa.
La finalidad de la tramitación electrónica es reforzar las garantías de los ciudadanos y empresas y servir mejor a los principios de eficacia y eficiencia, lo que evidentemente en el caso de las tramitaciones relativas a la Administración de transporte, cuando se trata de autónomos o personas físicas, no se está cumpliendo en absoluto.
