Tras más de tres años esperando la sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Pontevedra en relación con el concurso de acreedores (quiebra) de Transportes Souto en febrero de 2018, la justicia ha señalado que fue fortuita no culpable por lo que los administradores de la misma no son responsables de pagar a los acreedores.
En febrero de 2018 Transportes Souto cesó en su actividad de forma repentina y sin justificación, según el Administrador concursal designado por el Juzgado para realizar la gestión de liquidación de la empresa.
Tanto el Administrador concursal como la Fiscalía solicitaron a la Jueza encargada de la instrucción del concurso de acreedores de la empresa de transportes gallega que declarara la quiebra culpable pues eran numerosos los indicios de que la gestión llevada a cabo por los administradores de la compañía, plagada de irregularidades, fue la causa de la situación de suspensión de pagos en la que se vio abocada la empresa en febrero de 2018.
Por ejemplo, no entiende el Administrador concursal las inversiones realizadas en inmobiliario (edificios) de dudosa rentabilidad, se invirtieron seis millones de euros lo que supuso un quebranto importante en los bienes de la empresa, ya que el objetivo de la empresa no era otro que el transporte de mercancías; también sorprenden «ciertas inversiones financieras a corto plazo» como un crédito a un socio y administrador por casi catorce millones de euros.
No menos sorprende que cuando la empresa empieza a tener dificultades de liquidez (suspensión de pagos) en lugar de continuar con la actividad para hacer frente a los pagos, se decide suspender toda actividad y dejar de pagar completamente a todos los acreedores. Entre ellos más de 700 transportistas con deudas de hasta seis meses de facturación.
Sin embargo, la Jueza que ha instruido el caso no ve pruebas en estos argumentos de la Fiscalía y del Administrador concursal por lo que ha decidido calificar el concurso de fortuito. Esta declaración exime de toda responsabilidad y culpa a los administradores de la compañía y a la gestión que realizaron y que desembocó en esta situación de concurso.
Así las cosas, los transportistas, que forman parte de la masa de acreedores tienen más que difícil poder cobrar estas facturas ya que la compañía no cuenta con activos suficientes para poder hacer frente a todos los acreedores.
