Ultimátum del sector a Francia para acabar con la insostenible situación de Irún

El sector de transporte, representado en el Comité Nacional de Transporte, ha emitido una nota de prensa en la que lanza un ultimátum a las autoridades españolas, comunitarias y francesas para que corrijan la situación insostenible que se produce cada día en la frontera de Irún donde quedan paralizados miles de camiones durante horas para evitar que surjan conflictos que nadie desea ahora mismo.

El Comité Nacional ha emitido un comunicado en el que exige al Gobierno español que tome medidas ante Francia y la Unión Europea para acabar con la insostenible situación de miles de camiones paralizados en Irún a diario.

Desde noviembre de 2015 la situación para los camiones españoles en el paso fronterizo de Biriatou, en Irún, es “insostenible”. La actitud de los gendarmes franceses, que controlan cada uno de los 11.000 camiones españoles que a diario pasan por este puesto fronterizo, provoca enormes colas de más de cuatro kilómetros de longitud de media (pudiendo llegar a 19 kilómetros, como el 3 de abril de 2018, o a 23 kilómetros, como el 22 de mayo de 2018) en territorio español.

Estos controles injustificados, intolerables e incomprensibles, al ser miembros del Tratado de Schengen que garantiza el libre tránsito de mercancías entre los dos Estados, suponen unos costes de 40.000 euros al año por cada camión. Son 3,6 horas/día de media por camión paralizado en la frontera que multiplicadas por los 55 euros/hora de paralización y los más de 180 días en los que se produce esta situación dan esos cerca de 40.000 euros de coste/camión/año.

Lo que menos entiende el Comité Nacional de Transporte es porqué la administración española apenas ha hecho nada desde que el sector comenzó a transmitirle esta situación en 2015, que se inició por el mantenimiento de solo dos puestos de control y el cierre de !doce! El Comité nacional exige a Fomento que traslade estas quejas y la gravedad de la situación al Ministerio Francés de Transporte e incluso a las autoridades comunitarias para que se reconozca el problema y se pongan medidas para evitarlo.

Lo contrario puede desembocar en situaciones de conflicto que nadie desea, pero los transportistas españoles han llegado al límite.

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