Hace unos días os contábamos que el debate sobre los peajes se había convertido en una patata caliente para todos los partidos políticos. Para el Gobierno aún más. Mientras los miembros del mismo desmienten que tengan planes para imponer peajes a corto plazo, y sabemos que están en pleno análisis de formas alternativas de financiación a los peajes, Bruselas cree que sí que va a haber peajes en España a partir de 2024.
Tras las últimas informaciones y desmentidos de miembros del Gobierno, incluido el presidente, Pedro Sánchez, sobre los planes para establecer peajes, la Comisión Europea hoy mismo ha confirmado que el ejecutivo español se había comprometido a establecer una ley de movilidad sostenible y de financiación de las infraestructuras y un mecanismo de pago por el uso de las carreteras ligado al criterio de «quien contamina, paga». Y en función de estos objetivos, y muchos otros, España accedió a los fondos económicos para la recuperación tras la pandemia. Pero estos fondos económicos para la recuperación tras la pandemia se van solicitando por los países y entregando en plazos, a medida que se van cumpliendo los objetivos propuestos por los diferentes Estados miembros.
“Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga’”, según ha afirmado en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.
En realidad, lo que hay detrás de estas afirmaciones, y negaciones, es el objetivo del Gobierno de sacar los peajes del paquete de medidas presentadas para acceder a estos fondos, en concreto, al sexto pago de las ayudas. La intención es sustituirlo, como ya os comentamos aquí, por la realización de un estudio sobre cómo financiar las infraestructuras. La dificultad es que es el establecimiento de estos peajes fue lo que aprobó Bruselas para acceder a las ayudas y, con las palabras de hoy de su representante, la situación se pone difícil para el Gobierno español.
¿Cuál es la alternativa a los peajes que estudia el Gobierno español?
El Ministerio de Transportes está elaborando un análisis a través de INECO (quien lo realiza a través de la consultora KPMG) sobre las alternativas de financiación para la red viaria española una vez descartado el sistema de peajes por la falta de consenso social, que el Gobierno considera imprescindible para establecer un sistema de pago por uso.
Una de las opciones que se baraja es el impuesto de hidrocarburos, otra un impuesto para los vehículos de combustión. Con ambas fórmulas el Gobierno cree que daría satisfacción a las exigencias de Bruselas de establecer un «pago por uso» y cumplir con los requerimientos medioambientales de «quien contamina, paga».
El actual impuesto de hidrocarburos, como los impuestos sobre los vehículos, incluido el IVA que grava a su vez los hidrocarburos y los vehículos, no tienen carácter finalista, es decir, van a la caja común y el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del estado determina en qué partidas se emplean. Junto con el resto de la recaudación, sin especificar el origen del mismo.
Por lo tanto, el análisis que está realizando la consultora, del que no tenemos más información, tiene que tener en cuenta esta circunstancia, los diferentes grupos de consumidores, cómo se gravaría, en qué cuantía… Lo mismo con el posible impuesto a los vehículos de combustión.
El caso es que para acceder al sexto pago de los fondos europeos para la recuperación económica del país, el compromiso del Gobierno incluía tener perfilado un sistema de financiación de la red viaria, un sistema de cobro por uso, porque Bruselas tiene claro que las carreteras no pueden mantenerse con cargo a los fondos comunitarios por lo que este coste tiene que salir de otra fuente diferente a los Presupuestos Generales del Estado.
“Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy”, en palabras de Veerle Nuyts, lo que abre una puerta a la esperanza de poder negociar otras fuentes de financiación diferente a los peajes.
Y este problema, como os decíamos aquí, lo tendrá que enfrentar el Gobierno que salga de las urnas en los próximos meses, antes de final de año.
