Bruselas ha iniciado un procedimiento contra el Gobierno español por las concesiones (dos) que se ha realizado a Audasa y le insta a liberar la AP9 dando cumplimiento a la normativa comunitaria sobre contratación pública y contratos con las concesionarias.
En 2019, la asociación gallega En-Colectivo demandó al Gobierno español ante la Comisión europea al considerar que las prórrogas de las concesiones realizadas en favor de Audasa para la explotación de la AP9 no son conformes a la legislación comunitaria que regula la contratación pública y los contratos de concesión.
El meollo de la cuestión es que, para la normativa comunitaria una prórroga de una concesión vulnera la libre competencia entre empresas, es una adjudicación a dedo al no haber una licitación pública abierta y modifica, en consecuencia, las condiciones de la concesión cuando salió a concurso.
La AP9 la construyó la Empresa Nacional de Autopistas, una empresa pública que fue privatizada y comprada por un grupo empresarial encabezado por la constructora SACYR, el Grupo Itínere, al que pertenece Audasa, que es la empresa que tiene la concesión de esta autopista hasta 2048.
La AP9 «sufrió», más bien los gallegos lo sufrieron, una primera prórroga en 1994 (con un gobierno socialista encabezado por Felipe González) por diez años: hasta 2013. Y en 2013, el Gobierno de Aznar concedió una nueva prórroga por 25 años, hasta 2048.
Una vez que Bruselas ha comunicado al Gobierno español la necesidad de liberar la AP9, puesto que las prórrogas concedidas no respetan la normativa comunitaria y ésta es de rango superior a la normativa española, nuestro Gobierno tiene dos meses para responder. Si no lo hiciera, o se negara a acatar el mandato de Bruselas, se remitiría el asunto al Tribunal de Justicia Europeo para que emitiera sentencia. Con una sentencia en contra el Gobierno español solo podría hacer una de dos cosas: liberar la AP9 o pagar la multa que le impusiera el Tribunal Europeo por no dar cumplimiento a su sentencia.
Desde la asociación En-Colectivo ya se piensa en una demanda colectiva, para cuando llegue ese ansiado momento de la liberación de la AP9, contra Audasa o la administración competente por el cobro indebido de peajes desde 2013 y se solicitaría su devolución.
Para llegar a este momento, hay que dejar correr tiempo ya que el expediente se acaba de iniciar y ya sabemos que las cosas en Bruselas van despacio. Pero, sin duda, es un soplo de aire para los gallegos, ciudadanos y empresarios, que llevan años lamentándose de tener que pagar una de las autopistas más caras de España, con subidas de peajes anuales muy superiores al IPC, fundándose en supuestas mejoras, ampliaciones, etc. que no siempre son reales.
