CONPYMES ha denunciado en Bruselas la exclusión de las pymes y autónomos del diálogo social en España y ha anunciado en el Parlamento Europeo que va a acudir al Defensor del Pueblo Europeo, además de las acciones legales que ya ha iniciado en España para ser reconocido como interlocutor social.
CONPYMES, Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, nació en mayo de 2021 como órgano de inclusión y representación de las pymes y autónomos españoles que consideran sus integrantes no están adecuadamente representados por las organizaciones preexistentes (CEOE o CEPYME). Representa amás de dos millones de pymes y autónomos y agrupa a importantes organizaciones sectoriales como FENADISMER. Ya en el acto de presentación, al que acudió la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, confirmó su intención de participar en el diálogo social y su decisión de acudir a los Tribunales de Justicia si no se le reconocía su representatividad.
Y así ha sido, en abril de 2021 CONPYMES presentó una demanda judicial para su inclusión en el diálogo social, que está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en febrero de 2023 ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo por su exclusión de los fondos europeos que distribuye el Gobierno español y que sí han tenido en cuenta a CEOE, CEPYME y UGT.
Para José María Torres, presidente de CONPYMES, es evidente que estos fondos europeos deberían llegar en igualdad de condiciones a todas las empresas españolas, con independencia de su tamaño o filiación.
Con motivo de su intervención en el Parlamento Europeo, José María Torres ha explicado que “en la propuesta de recomendación del Consejo de la Comisión Europea sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea de 25 de enero de 2023 se habla de que la promoción del mismo es un objetivo común de la UE y sus Estados miembros, y se reconoce que es un motor clave para la resiliencia económica y social, la competitividad, la equidad y el crecimiento sostenible”.
Y continúa, “además, se pide a los Estados que el diálogo social sea objetivo y transparente y que garantice que, cuando las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento y representatividad con el fin de determinar las organizaciones a las que se concederá el derecho de negociación colectiva, esta determinación sea abierta y transparente, basada en criterios preestablecidos y objetivos con respecto al carácter representativo de las organizaciones”.
En este sentido, el presidente de CONPYMES ha remarcado que “esto es primordial, pues si hablamos del diálogo social como pilar fundamental de la democracia, no podemos permitir que sea un coto privado de unos pocos en el que no se permite la entrada a otros interlocutores sociales, que representan a las pymes con voz propia e independiente y que en algunos casos es una consecuencia directa de la voluntad de las élites económicas, monopolios y oligopolios, de imponer sus criterios al resto”.
Concluye lamentando que mientras que «en Europa, las grandes empresas están representadas por BusinessEurope, y las pymes por SMEunited, en cambio, en España y en algún otro país de la Unión Europea, las pymes no estamos representadas de manera independiente”.
La no participación de las pymes en e diálogo social con voz propia e independiente tiene nefastas consecuencias, como la nula participación de este tipo de empresa en la contratación pública o el bloqueo sistemático de un baremo sancionador contra la morosidad. Las pymes españolas representan el 99,8% del tejido empresarial y generan el 75% del empleo.
Afirma José María Torres que en España se produce una auténtica anomalía democrática, ya que solo CEOE representa a todos los empresarios grandes y pequeños en el diálogo social junto con el Gobierno y los sindicatos. Y es evidente que los intereses de empresarios grandes y pequeños no solo no suelen coincidir si no que a menudo son contrarios.
En España existe una organización de pymes reconocida, CEPYME, que, denuncia el presidente de CONPYMES, es una organización «satélite» de CEOE, comparten sede y recursos organizativos, jamás ha tenido una opinión diferente a la de CEOE y no puede considerarse representativa al formar parte de una organización que ya lo es. Carece de independencia orgánica y todo esto es contrario a las políticas «Small Business Act para Europa» (SBA) de la Comisión Europea que, en los diez principios que la conforman, pone a las pequeñas empresas en el centro.
