El proyecto de Ley de la Cadena de Transporte que se está redactando en el Ministerio de Transporte no convence al Comité Nacional. A ninguna organización. Cada una tiene sus motivos, pero la conclusión es que no se está cerca de alcanzar un consenso sobre una norma considerada fundamental.
Hace una semana, la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez, anunciaba con bastante satisfacción que se había avanzado notablemente en la elaboración de la Ley de la Cadena de Transporte y que ésta vería la luz en unas semanas, por medio de un decreto ley aprobado en Consejo de Ministros a más tardar el 2 de agosto.
De esta forma, se pretende dar cumplimiento a uno de los compromisos más importantes del Ministerio de Transporte con el Comité Nacional y el sector del transporte en su conjunto al fijar legalmente la prohibición de trabajar por debajo de coste en el sector.
La Ley, que incluye, entre otros aspectos: la referencia al Observatorio de Costes que elabora trimestralmente el Ministerio de Transportes, la obligatoriedad de fijar los contratos por escrito (aunque con excepciones) y un régimen sancionador para los incumplidores, cargadores y transportistas, no convence al Comité Nacional del Transporte en su conjunto, aunque a cada organización por unos motivos, por lo que manifiesta que es un texto de imposible aplicación en la práctica y que solo sirve para que el Ministerio de Transportes justifique que cumple con sus compromisos.
Como apenas quedan dos semanas para que se cumpla el plazo, esperamos poder desvelar en unos días tanto el contenido definitivo del texto que se apruebe, como la opinión del Comité Nacional y, en particular la de FENADISMER, que es la organización que incluyó esta reivindicación en su programa hace varias décadas: la necesidad de fijar una prohibición legal de trabajar por debajo de coste en el transporte.
