El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario VOX contra varios artículos del Real Decreto-Ley 14/2022 que introduce la denominada Ley de la Cadena de Transporte.
El Grupo Parlamentario VOX realizó un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica para al transporte de mercancías por carretera, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Más allá del recurso contra los artículos que limitan temperaturas u horarios para el alumbrado para los comercios, edificios públicos, etc, nos interesa el recurso planteado contra dos artículos relacionados directamente con la Ley de la Cadena de Transporte: la obligatoriedad de realizar una carta de porte por escrito en determinados contratos de transporte; la referencia al Observatorio de Costes como precio mínimo y la infracción muy grave por pagar por debajo de costes al porteador efectivo.
¿A qué intereses está obedeciendo este Grupo Parlamentario al incluir estos artículos en su recurso de inconstitucionalidad? Desde luego no a los de los transportistas, a los de libertad de empresa y libre competencia que menciona expresamente tampoco.
Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la obligatoriedad de realizar la carta de porte
Así, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso planteado contra el artículo 1 punto 1 (modifica la Ley 15/2009 de la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías por Carretera) que determina la obligatoriedad de realizar la carta de porte en los contratos celebrados con el porteador efectivo para cada uno de los envíos realizados cuando el precio del transporte supere los 150 euros, y establece además el contenido obligatorio de la carta de porte. Sin duda, este es uno de los artículos fundamentales en la Ley de la Cadena de Transporte para dar mayor protección y garantía jurídica al porteador efectivo.
La justificación dada por el citado Grupo Parlamentario para incluir este artículo en su recurso es que «En el decreto no se define el concepto “porteador efectivo”, al que le impone las medidas, que afectan a la libertad de empresa, que se extiende al derecho a iniciar y sostener una actividad empresarial y de hacerlo en libre competencia y sin imposiciones sobre las decisiones empresariales, que están especialmente protegidas.»
Es decir, según su argumento, este artículo atenta contra la libertad de empresa ¿? La relación entre tener que documentar por escrito el contenido de la carta de porte para mayor protección del porteador efectivo (que no está definido en este artículo pero sí en la LOTT) y la disminución de la libertad de empresa no la entendemos, salvo que a quien se quiera proteger con este recurso sea a los cargadores.
El Observatorio de Costes como referencia del precio a pagar por el porte recurrido también
También está incluido en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Cadena de Transporte el punto 4 del mismo artículo, en el que se determina que el coste efectivo individual de la prestación del servicio de transporte por el porteador efectivo puede tomar como referencia los costes establecidos en el Observatorio de Costes que elabora el Ministerio de Transportes.
Infracción muy grave pagar por debajo de costes también recurrido
Otro artículo incluido en el recurso de inconstitucionalidad, que ha admitido el Tribunal Constitucional, es el artículo 2 punto 1, que modifica la Ley 16/2007 de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y que fija una nueva infracción muy grave que es pagar por debajo de coste al porteador efectivo, en el caso de contratos no continuados de transporte y siempre que exista una asimetría entre el cargador y el porteador efectivo.
Que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite este recurso del Grupo Parlamentario VOX no implica que inmediatamente estos artículos pasen a ser inconstitucionales y pongan en peligro la Ley de la Cadena de Transportes, cuyo anteproyecto de ley, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, está ahora mismo tramitándose en el Congreso de los Diputados.
Por otra parte, el recurso admitido incluye los artículos que establecen temperaturas máximas en locales comerciales y edificios públicos tanto en invierno como en verano, las recomendaciones para los hogares, las normas sobre alumbrado público, etc. es decir, una serie de disposiciones que el Gobierno dictó para conseguir un ahorro energético, en línea con las disposiciones comunitarias, con motivo del aumento del precio de la energía y la previsible escasez de recursos en los meses más duros del invierno como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia.
