El Gobierno ha introducido una medida en la Ley de Presupuesto de 2018 que somete a revisión el impuesto autonómico (el tramo autonómico) sobre los carburantes y que puede implicar que se aplique el tramo máximo impositivo en todo el territorio del Estado español.
Actualmente, el impuesto de hidrocarburos en España, que está siendo sometido a un intenso debate tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, consta de un denominado «tipo especial» con dos tramos, uno estatal, de 2,4 céntimos por litro y otro autonómico, que se suma al estatal hasta alcanzar un máximo de 4,8 céntimos/litro. El tramo estatal se aplica en todo el territorio español, pero el tramo autonómico depende de la voluntad de las comunidades autónomas. Así, hay algunas Comunidades que no aplican nada de su tramo (Castilla-León, Cantabria, Pais Vasco, La Rioja y Navarra); otras un importe reducido (inferior a los 2,4 céntimos por litro que podrían aplicar) como es el caso de Madrid, Aragón y Extremadura, y luego están las comunidades autónomas que aplican el total del tramo autonómico, por lo que repostar en estas comunidades conlleva un sobre coste de 4,8 céntimos por litro, sumados los dos tramos, el estatal y el autonómico.
Este Tipo especial o impuesto autonómico sobre los carburantes, como se le conoce, tiene muchas posibilidades de ser declarado también ilegal, como ya sucedió con el céntimo sanitario en sentencia del Tribunal de la Unión Europea en febrero de 2014, que obligó al Gobierno español a devolver el céntimo sanitario a todos aquellos transportistas que optaron por su reclamación. Y puede serlo por las mismas razones que lo fue en su día el céntimo sanitario, y es que contraviene la Directiva comunitaria que regula los impuestos especiales sobre hidrocarburos, que permite hacer diferencias en su importe atendiendo a la calidad del gasóleo, a los niveles de consumo, usos del producto y por tipo de consumidor (profesional o particular), pero no por razón del territorio donde se adquiere el gasóleo.
Subida al 100% del tramo autonómico en todo el territorio español
Esta cesión a las Comunidades Autónomas de la capacidad de repercutir o no una parte del impuesto ha sido puesta en entredicho ya en los tribunales, y parece que el Gobierno español ha decidido adelantarse a una nueva sentencia contraria a sus regulaciones, que le obligaría a devolver la parte autonómica del impuesto de hidrocarburos, cobrado en los últimos cuatro años por las comunidades autónomas. Por eso, en la Ley de presupuestos ha decidido suprimir la capacidad normativa que se concedió en su día a las Comunidades Autónomas para fijar el tramo autonómico del impuesto y asumir íntegramente el Estado la fijación y recaudación del mismo, que se aplicaría en su tramo máximo y se repartiría posteriormente a las comunidades autónomas.
La primera consecuencia es una subida del gasóleo en todas aquellas comunidades autónomas que actualmente no repercuten nada de su tramo autonómico en el precio del gasóleo o bien no repercuten el tipo máximo.
