Los transportistas vascos se citan para decidir actuaciones contra los peajes

Ubicación del Centro de Formación Uni Eíbar-Ermúa donde se va a celebrar la Asamblea abierta de transportistas el sábado 18 de marzo contra los peajes en Guipúzcoa y Vizcaya.

Los transportistas vascos se han dado cita el sábado 18 de marzo para decidir en Asamblea abierta qué actuaciones tomar contra los peajes solo para camiones en Vizcaya y Guipúzcoa.

Los peajes solo para camiones en Vizcaya y Guipúzcoa están causando un perjuicio económico a los transportistas vascos y de las provincias limítrofes, todavía no cuantificado por la falta de facturas emitidas desde la concesionaria de los mismos, lo que está haciendo bastante inviable la viabilidad económica de las mismas.

Vizcaya y Guipúzcoa han decidido que los transportistas son una fuente fácil y accesible de recursos para las arcas y, a pesar del histórico judicial de los peajes en su territorio, han seguido en su huida hacia delante. Por eso, los transportistas vascos han decidido celebrar una Asamblea abierta el próximo 18 de marzo en el Centro de Formación Profesional Uni Eíbar-Ermúa, en el límite entre las dos provincias vascas perjudicadas por los peajes, a la que están invitados todos los transportistas que se sientan especialmente perjudicados por los mismos (como los transportistas navarros y/o cántabros a demás de los vascos).

Hay que tener en cuenta que, para darle legalidad a los peajes, la Diputación Foral guipuzcoana ha establecido el peaje en toda la longitud de las vías sometidas al mismo, para que no pueda ser considerado discriminatorio, por lo que los transportistas locales se están viendo sometidos a un sobrecoste importante.

Aunque la empresa concesionaria de los peajes guipuzcoanos, en vigor desde el 23 de enero, todavía no ha enviado ninguna factura a los transportistas, las estimaciones realizadas calculan un coste de 1000 euros/camión/mes, lo que en las circunstancias económicas actuales, tanto del sector como de la economía en general, hacen bastante complicado su repercusión en los cargadores y por lo tanto recuperar este coste para las empresas.

Lo que está claro es que a la Diputación de Guipúzcoa, y a la de Vizcaya, pero especialmente a la primera, los transportistas en general le importan más bien poco, los de su territorio tampoco: imposición de peajes solo a camiones desde 2018 con dos Normas Forales tumbadas por los tribunales vascos y por el Supremo y mantenimiento de esos peajes a pesar de las sentencias en contra; obligar a los transportistas a acudir a los Tribunales para reclamar el importe de esos peajes cobrados indebidamente; una tercera Norma foral, la que está en vigor ahora, que afecta especialmente a los transportistas guipuzcoanos y la falta de envío de facturas, algo esencial, y obligatorio por parte de la empresa concesionaria, para que los transportistas puedan conocer perfectamente el alcance del coste que les está suponiendo este afán recaudatorio de sus administraciones.

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