El sindicato de transportistas vascos, Hiru, ha presentado una denuncia este miércoles contra la Diputación de Guipúzcoa y la concesionaria Bidegi por mantener los peajes a camiones en la N1 y en la A15, a pesar de las sentencias judiciales en contra.
Como ya os comentamos hace unos días, la intención de la Diputación de Guipúzcoa es seguir manteniendo el cobro del peaje a camiones en la N1 y A15 a pesar de las cuatro sentencias en contra, dos del TSJPV y dos de TS, que obligan a cesar en este afán recaudatorio del departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación guipuzcoana, como afirman desde Hiru se ha demostrado que es el hecho de mantener el empeño en el cobro del peaje, a pesar de las sentencias en contra y no el argumento por el que se impuso el peaje inicialmente de «el que usa, paga» o pago por uso. Para Hiru está claro que los camiones son el recurso financiero para cubrir el enorme agujero de la Diputación por la realización de una serie de costosas infraestructuras.
Hiru denuncia la «actitud irresponsable» que mantiene el citado departamento con el apoyo de la Diputación, ya que no hay ahora mismo ninguna norma foral que avale este cobro, y no la hay porque no tienen capacidad para mantener este peaje además de poner de relieve todas las maniobras legales llevadas a cabo por la citada Diputación para desobedecer estas decisiones judiciales.
Para el sindicato de transportistas vascos, el mantener el empeño en el cobro del peaje, sin una norma legal que lo sustente ,es producto de «la negligencia y mala gestión del departamento de Infraestructuras Viarias y de la concesionaria, Bidegi, que va a tener un elevado coste que recaerá sobre la ciudadanía de Guipúzcoa.» En una clara alusión a que el coste económico del cobro indebido del peaje, «ese despropósito que comenzó en 2018», de desmontar los pórticos, hacer frente al coste de los procesos judiciales, retornar las cantidades abonadas por los transportistas que las reclamen, más recargos y posibles sanciones, lo va a tener que asumir el ciudadano guipuzcoano con sus impuestos.
Concluye el sindicato que, tanto la Diputación, como la concesionaria han «estado jugando con dinero público» al no respetar las decisiones de los tribunales y aprobar una sucesión de normas forales, todas ellas declaradas ilegales judicialmente, en una clara huida hacia delante.
Hiru recuerda que las infraestructuras son un bien público, como el transporte de mercancías es un servicio público, solo que las infraestructuras se financian con nuestros impuestos y el transporte de mercancías no es el único que usa las infraestructuras y, en consecuencia, no debería ser el único que las pagara, también los cargadores, distribuidores, consumidores.
Concluyen afirmando que «el peaje a transportistas es discriminatorio, y no solo porque los pórticos estén situados en la entrada y salida de la N1, si no porque solo afecta a transportistas y no a todos los usuarios de la cadena de transporte.»
