El Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera ha interpuesto una querella criminal contra Aintzane Oiarbide, diputada foral de Infraestructuras en la Diputación de Guipúzcoa, y contra la concesionaria BIDEGI encargada de la gestión y cobro de los peajes en la N1 y A15 por su empeño más allá de toda lógica y razón de mantener el cobro de peajes a camiones con cuatro sentencias en contra.
Dice el Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera que la actitud tanto de la diputada foral Aintzane Oiarbide como de la empresa pública Bidegi no les ha dejado otra opción que interponer esta querella criminal en el Juzgado de Donosti (San Sebastián) ya que es su obligación defender los derechos de los transportistas.
La Diputación Foral de Guipúzcoa sigue cobrando peajes a los camiones que transitan por la N1 y A15, e incluso pretende cobrar sanciones de los camiones que no han pagado el peaje en estas semanas, apoyándose en la Norma Foral 6/2018 del 12 de noviembre de ese año que está declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el Tribunal Supremo. Sentencias contra las que ya no cabe recurso alguno. Es decir estamos hablando de una resolución firme «más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación ara encubrir esta realidad y justificar lo injustificable», en palabras del Comité Nacional.
Esta querella criminal, continúa en su nota el Comité Nacional, es consecuencia de la pertinaz actitud de la diputada foral de Infraestructuras que nunca ha querido escuchar al sector del transporte pero que tampoco ha hecho caso a las resoluciones judiciales en contra.
Su actitud «contumaz» ha sido un atropello para todo el sector del transporte en su huida hacia delante antes que «reconocer sus gravísimos errores de gestión», que ha preferido ocultar con declaraciones salidas de tono y desprecio «hacia quien defiende su derecho a trabajar sin intromisiones ilegitimas».
La semana pasada ya os contamos que Hiru, sindicato de transportistas vascos, también denunció en los Juzgados de Donosti, como el Comité Nacional, a la Diputación Foral y a la concesionaria Bidegi por los mismos motivos.
