Las sanciones no acaban con la morosidad en el transporte

Estudio de morosidad en el transporte.

FENADISMER denuncia que las sanciones no acaban con la morosidad en el transporte y por ello solicitará tanto al Ministerio de Transporte como a las Comunidades Autónomas que pongan en marcha un Plan especial de Inspección que investigue los plazos de pago de los cargadores, operadores e intermediarios.

En octubre entró en vigor el nuevo régimen sancionador que establecía multas de hasta 6000 euros por incumplir los plazos de pago en el transporte. Se modificó la LOTT para introducir este nuevo tipo infractor y las multas que en consecuencia le afectarían a sus incumplidores y que pueden llegar hasta los 30.000 euros en caso de reiteración y abuso sobre los transportistas.

Pues bien, la falta de actividad por parte de la Inspección de Transporte en este sentido, así como ausencia de denuncias por parte de los transportistas que la padecen, ha resultado en que en enero de 2022 el plazo de pago apenas ha disminuido con respecto al de enero de 2021, estando por encima de los 80 días de media. Sin embargo, los clientes de los transportistas siguen haciendo uso abusivo de la morosidad: un 65% de ellos pagan a más de 60 días, que es el plazo legal máximo de pago desde la prestación del servicio. Un 37% de los clientes pagan a más de 90 días y un 25% a más de 120 días.

FENADISMER puso en marcha en 2012 el Observatorio Permanente de la morosidad en el transporte en colaboración con la Fundación El Quijote con el objeto de estudiar la situación de los pagos en el sector del transporte y ver la evolución de los mismos. Poca evolución ha habido y toda a peor.

Los cargadores, los operadores logísticos y los intermediarios en esta cuestión, como en otras, abusan de su posición e dominio de las empresas de transporte e imponen unas condiciones de pago abusivas y que utilizan para financiarse.

Por eso, FENADISMER ha anunciado que va a solicitar un Plan específico de Inspección sobre los plazos de pago por parte de los cargadores para que lo ponga en marcha tanto el Ministerio de Transporte como las Comunidades Autónomas.

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