Se reafirma el objetivo de reducir en un 45% las emisiones de CO2 de los camiones en 2030. Los países miembros de la UE, a través del Consejo Europeo, han dado el visto bueno a la propuesta de revisión que realizó la Comisión Europea con los objetivos de reducción media de las emisiones de CO2 para 2030, 2035 y 2040 que deben cumplir los fabricantes de camiones y autobuses.
El Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo, denominado “orientación general” en la jerga comunitaria, en relación con la modificación y actualización del Reglamento de 2019 sobre las normas de emisión de CO2 para vehículos pesados. Dicho acuerdo mantiene, en líneas generales, los objetivos que la Comisión Europea propuso en febrero de este año:
– reducción de las emisiones medias del 45% a partir de 2030 (frente a la reducción orientativa del 30% que se aprobó en 2019);
– segundo objetivo de reducción del 65% de emisiones a partir de 2035; y
– tercer objetivo de reducción del 90% de emisiones a partir de 2040.
Para remolques y semirremolques se ha fijado un objetivo de reducción de las emisiones derivadas de su arrastre de un 7,5%.
La “orientación general” del Consejo servirá de base para las negociaciones con el Parlamento Europeo para concretar el texto definitivo del nuevo Reglamento, con el que se quieren reducir las emisiones de CO2, responsables del efecto invernadero; con la regulación del Euro 7, también en tramitación actualmente, se persigue mejorar la calidad del aire.
El Reglamento no se aplicará a los vehículos utilizados en la minería, la silvicultura y la agricultura; a vehículos para uso de las fuerzas armadas y servicios de bomberos; a vehículos para uso en protección civil, orden público y atención médica; y a vehículos profesionales como camiones de basura.
En cuanto a los autobuses, el Consejo rebaja el objetivo de que todos los buses urbanos nuevos sean de cero emisiones en 2030, dejando como objetivo para ese año una reducción del 85% y retrasando a 2035 las cero emisiones. Los interurbanos quedan fueran de este objetivo.
Por otra parte, la eficacia y el impacto del Reglamento sobre los objetivos de reducción de emisiones serán revisados por la Comisión Europea en 2027, un año antes de lo propuesto originalmente por la propia Comisión. Una de las cuestiones sobre las que la Comisión tendrá que informar es el progreso en el despliegue de infraestructuras públicas y privadas de recarga y repostaje de combustibles alternativos, para evaluar si está en línea con la consecución de los objetivos establecidos en el Reglamento.
