El Ministro de Fomento, José Luis Ávalos, ha confirmado que España se va a sumar a la Alianza Europea por la Carretera que tiene como fin adoptar una postura común de los países que trabajan por acabar con la competencia desleal ejercida por las empresas deslocalizadas en sus países.
En una sesión de control al Gobierno en el Senado, la senadora de ERC, Laura Castel, interpeló al actual Ministro de Fomento para que detallara cuál va a ser la política de Fomento en relación con el transporte por carretera y los retos que tiene ahora mismo delante, como es el dumping social ejercido por las empresas deslocalizadas que siguen trabajando en el transporte nacional por la vía del cabotaje, la postura del Gobierno frente al Paquete de Movilidad que se debate en Bruselas (y que el Parlamento Europeo ha rechazado por lo que se tiene que empezar de nuevo con otra propuesta por parte de la Comisión de Transporte) y las nuevas normas de acceso a nuestro transporte, dada la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que anuló el requisito de los tres camiones nuevos para acceder al sector.
José Luis Ávalos ha afirmado en relación con el dumping social, las empresas deslocalizadas y el paquete de movilidad que la intención de su Gobierno es sumarse a la Alianza Europea por la Carretera. Reconoció como retos principales de su Ministerio:
- Poner en marcha la nueva regulación de acceso al transporte «que fomente un sector fuerte y competitivo». Esta nueva regulación debe incluirse en el ROTT que se está tramitando en la actualidad. La exigencia de las organizaciones empresariales al Ministro es que se mantenga el requisito de la antigüedad de los vehículos para acceder por primera vez al sector.
- La introducción de la Administración Electrónica.
- La negociación del Paquete de Movilidad y en concreto «las condiciones sociales«.
El Ministro se comprometió a trabajar para defender los intereses de los transportistas españoles y luchar de forma intensa contra el dumping social.
Hay que recordar que el anterior Gobierno legisló en materia de dumping social de forma contraria e incongruente con la Proposición no de Ley aprobada por la casi totalidad de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados que pedía controlar desde el primer día de entrada en nuestro país la actividad realizada por los camiones de las empresas deslocalizadas en países con menores costes sociales, fiscales y laborales.
