Continúan los bloqueos de carreteras y vías principales como la AP7, en la frontera con Francia, lo que retiene a miles de camiones y está causando pérdidas millonarias en el sector, por lo que FENADISMER denuncia el hartazgo de los transportistas y anuncia la adopción de medidas si las administraciones no garantizan la libre circulación de camiones.
Tras las dos semanas de bloqueos de carreteras en Francia por los agricultores franceses, continúan los bloqueos en España, iniciados el martes 6 de febrero en todas las provincias y en cientos de carreteras, incluidas las principales autovías.
El Comité Nacional, en la reunión mantenida la pasada semana con el Ministro de Transporte, Óscar Puente, solicitó que se garantizara el derecho a la libre circulación de todos los vehículos, pero, especialmente de los camiones ya que vienen de sufrir pérdidas millonarias en Francia, por los mismos motivos. Y se le garantizó.
Pero, una semana después los bloqueos continúan, aunque ha descendido el número de carreteras afectadas, pero, sin duda, se han concentrado en puntos que dañan y mucho la fluidez del tráfico de camiones, como la AP7 en la frontera con Francia, donde los agricultores se situaron ayer (martes 13 de febrero) y han pasado la noche. En los bloqueos, si dejan pasar vehículos de forma aleatoria, nunca es a los camiones. Son conscientes que retener a los camiones es un éxito para su protesta, pues tiene mucha mayor repercusión. No en vano, el 90% de las mercancías en España se transportan por carretera y del transporte dependen las industrias, la cadena alimentaria y el conjunto de la sociedad.
Pero no es solo la AP7, es también la NII, la C38, el puerto de Tarragona, Mercabarna… solo en Cataluña. Solo hoy eran trece las provincias que estaban bajo la amenaza de cortes de carreteras y de instalaciones e infraestructuras esenciales, como puertos y mercados centrales.
Os recordamos que el transporte de mercancías fue declarado actividad esencial durante la pandemia de COVID, y que la Ley de Movilidad Sostenible, que esta misma semana se ha puesto en marcha de nuevo para ser aprobada y cumplir los compromisos con Bruselas, declara el transporte de mercancías como «un servicio indispensable para la sociedad, por lo que se implementarán las medidas adecuadas para que aumente su eficacia y competitividad«.
Por eso, FENADISMER denuncia la inactividad de las administraciones, del Ministerio del Interior pero también de la Generalitat, para impedir estos bloqueos no comunicados ni autorizados que impiden la libre circulación de camiones. Por eso, anuncia que de no cesar estos bloqueos o no intervenir las administraciones la Federación «planteará al resto de asociaciones de transportistas unidad de acción para llevar a cabo acciones en protesta por la inacción de las autoridades españolas en garantizar el normal desarrollo de la actividad del sector profesional del transporte por carretera«.
Además, anuncia que si persisten los bloqueos también se van a «exigir las correspondientes responsabilidades y compensaciones económicas por vía judicial por los perjuicios ocasionados«.
Hay que tener en cuenta que, además de las pérdidas económicas por estos bloqueos, están los tiempos de conducción y descanso que, salvo que el Ministerio publique alguna exención que incluya todos estos días, van a mostrar tremendas irregularidades, dando lugar a importantes sanciones económicas, que deberán afrontar las empresas de transporte.
Y es que el transporte está harto, afirma la Federación, de ser el rehén de las protestas de todos los colectivos.
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FENADISMER también emplaza al Gobierno a que se reúna con las organizaciones de agricultores, que no son las que están realizando estos bloqueos no autorizados ni comunicados, para aportar soluciones y diálogo a sus reclamaciones. Hoy, se reúnen en el Observatorio de la cadena Alimentaria, que denuncian que no se cumple ya que trabajan en su mayoría por debajo de costes, y el jueves se reúnen con el Ministro de Agricultura, Luis Planas, donde esperan que les aporten soluciones a otras reclamaciones, como las limitaciones de importaciones de productos de países con menos exigencias medioambientales y costes muy inferiores, que, entienden, suponen una competencia desleal para sus productos, que parten con un coste de producción mucho más elevado.
