FENADISMER ha llegado a una evidente conclusión a partir de los datos del Registro de Empresas de Transporte del Ministerio de Transporte y es que hay más autónomos en el sector del transporte ahora que hace doce meses. Sin duda, la desregulación del acceso, con la eliminación de prácticamente todos los requisitos, han incentivado este aumento de autónomos en detrimento de sociedades mercantiles.
En los últimos doce meses el número de autónomos que se dedican al transporte de mercancías por carretera ha crecido un 3%, mientras que el número de sociedades mercantiles del transporte ha disminuido un 1% en el mismo periodo y el de cooperativas, también sociedades mercantiles, también ha sufrido un descenso del 4%.
Estas son las conclusiones a las que ha llegado FENADISMER a través de los datos obtenidos del Registro de Empresas de Transporte del Ministerio de Transporte. Para la Federación es evidente que la desaparición de los dos requisitos de acceso ligados a la flota han sido decisivos para permitir una entrada mayoritaria de autónomos. Estamos hablando de la eliminación del requisito de dimensión de flota, que eliminó el Tribunal de Justicia Europeo en 2018 y del requisito de antigüedad mínima que el Supremo invalidó en 2020.
Además, los autónomos con un vehículo y un límite de facturación anual no superior a 125.000 euros se benefician de una tributación limitada con cargas administrativas muy simplificadas.
Según los datos del Ministerio de Transporte, a 1 de enero de 2022, en transporte pesado, del total de empresas, un 56,7% son autónomos, frente a un 42,1% de sociedades mercantiles y un 0,8% de cooperativas. En transporte ligero las cifras son aún mayores: un 74,7% de las empresas con autorización MDL son autónomos; un 24,6% sociedades mercantiles y un 0,5% cooperativas.
En opinión de FENADISMER, la mayor debilidad de los autónomos para negociar sus condiciones económicas con los grandes cargadores puede verse paliada con la aprobación de una Ley de la Cadena de Transporte, donde se regule la subcontratación limitando el número de intermediarios que realmente no aportan valor añadido al servicio pero sí restan valor al precio que cobrará el transportista efectivo. Esta misma ley debe permitir que el transportista ejerza su actividad en condiciones de rentabilidad, impidiendo que se trabaje por debajo de coste.
