FENADISMER ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Vasco para que ponga fin a los abusos que Bidegi, la concesionaria de los peajes de la A1 y A15 en Guipúzcoa, está llevando a cabo para cobrar supuestos impagos por parte de los transportistas.
FENADISMER lleva denunciando desde la entrada en vigor del peaje en la A1 y A15 en Guipúzcoa las irregularidades que se vienen produciendo en el cobro de los mismos por parte de la empresa concesionaria de los mismos, Bidegi. Los principales, el cobro del peaje a vehículos no sujetos al mismo, como los autobuses o las furgonetas y camiones hasta 3,5 Toneladas; o el cobro de un importe que no corresponde a los vehículos de menos de 12 toneladas.
Pero, ahora preocupa más el derrotero que ha emprendido la concesionaria vasca para el cobro de supuestos impagos en el importe del peaje por parte de los transportistas y que tiene que ver con el procedimiento de notificación de las supuestas deudas contraídas por los transportistas por el tránsito de la A1 y A15 en Guipúzoca. En la carta (no certificada) que remite a los transportistas, Bidegi notifica el presunto impago del peaje pero no incluye ningún dato que permita identificar fehacientemente la deuda del transportista: no incluye la carretera, ni el tramo ni el pórtico por el que ha pasado supuestamente el transportista sin que se haya recibido el correspondiente cobro, ni la fecha, ni la hora ni el importe reclamado.
Si el transportista quiere comprobar la realidad de estas afirmaciones de la concesionaria, es decir, si circuló por dicha carretera y su dispositivo Via T no abonó el peaje correspondiente, Bidegi le obliga a registrarse en su página y a facilitar datos personales incluidos los de una tarjeta bancaria para proceder al pago de la presunta deuda.
Para FENADISMER está claro que esto es un abuso por lo que ha procedido a denuncia esta situación y a pedir amparo al Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko) por considerar que estamos ante una indefensión jurídica sufrida por los transportistas sin precedentes en el cobro de deudas por ningún organismo, ni público ni privado.
En cuanto al recurso de casación que la Diputación de Guipúzcoa ha decidido interponer ante el Tribunal Supremo por la declaración de ilegalidad del citado peaje en la A1 y A15, las asociaciones de transporte han acordado oponerse a la admisión a trámite ante el citado Tribunal por entender que los mismo carecen de interés casacional alguno, lo que el Tribunal Supremo tendrá que resolver en breve, antes de continuar, si procede, con la tramitación del recurso planteado por la Diputación de Guipúzcoa.
