La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tiene pensado reabrir el debate sobre la instalación de peajes en las carreteras españolas que José Luis Ábalos aparcó temporalmente ante la falta de consenso político y social.
El Gobierno no ha abandonado la idea de establecer una «tasa por uso» en las carreteras españolas, especialmente en las vías de alta velocidad (autopistas y autovías y otras vías de alta velocidad) de titularidad estatal, dejando la puerta abierta a que las Comunidades Autónomas pudieran hacer otro tanto con las vías de alta velocidad de las que son titulares.
En mayo pasado, el tema era el establecimiento de peajes que el Gobierno habría concebido como una de las medidas para presentar a Bruselas y que nos aprobaran el Plan de Recuperación, como finalmente sucedió. El cobro por el uso de las carreteras se plantea como una medida de poner ciertos límites al gasto público y al déficit (que andan muy alterados en los últimos tiempos).
Es decir, el mantenimiento de la red viaria española supone varios miles de millones de euros al año que deberían provenir de lo que los usuarios de las vías pagaran por ello, es decir, una auténtica tasa por uso.
Pero, el Gobierno poco más ha dejado conocer sobre su Plan para el establecimiento de peajes, no sabemos si finalmente se aplicaría a todos los usuarios, no solo a los transportistas, ni la cantidad repercutida por kilómetro ni el sistema de cobro. Lo que se nos dice es que hay tres razones que sustentan el llevar adelante este plan de establecimiento de peajes en la red viaria española de alta velocidad, que ahora es prácticamente en su totalidad gratuita, y que, os recordamos, entraría en vigor en 2024:
1.-Motivos medioambientales quieren hacer pagar al transporte su cuota en las emisiones de los gases de efecto invernadero: se supone que emiten al menos la tercera parte de los mismos.
2.-En España. el porcentaje de pago de la red de alta capacidad es bastante inferior a la europea.
3.-El actual modelo de peajes genera desequilibrios territoriales, ya que hay comunidades autónomas (como Cataluña a pesar de que desde el 1 de septiembre los peajes de la AP7 y AP2 dejan de cobrarse porque revierten al estado) que cuentan con más kilómetros de peaje que otras.
Según los planes que el Gobierno presentó a Bruselas, en el primer semestre de 2021 ya debería haberse presentado un texto con el proyecto de peajes en las carreteras españolas en el Consejo de Ministros, para iniciar su debate y su puesta en marcha, que debería haber sido en 2024. El Gobierno no ha abandonado este plan, según hemos sabido, y la Ministra tiene la intención de retomarlo al inicio del nuevo curso político tras las vacaciones.
José Luis Ábalos se vio obligado a dar marcha atrás, temporalmente, en este plan por varias razones, pero sobre todo por la falta de consenso político, algo que la nueva Ministra de Transporte quiere evitar a toda costa y lo primero que se ha propuesto es conseguir el mayor consenso político sobre el establecimiento de peajes.
Otro escollo con el que se encontró Ábalos, y que Raquel Sánchez, seguramente también se encontrará, salvo que el plan incluya importantes bonificaciones para el transporte, fue la oposición del sector del transporte a pagar por uso de las carreteras españolas. Entre otras cosas, porque pocos meses se había firmado un acuerdo con el Ministro de Transporte por el que se comprometía este último a no establecer peajes sin el consenso con el sector.
La tercera pata es que el plan de peajes no podría entrar en vigor antes de 2024 para no frenar la débil recuperación económica española, que de momento, es más que débil con la deuda pública y el déficit completamente disparados.
Y, aunque mucho se ha hablado sobre el importe de los peajes, sobre el sistema, sobre si se bonificaría o no a los camiones, sobre cómo los cargadores deben asumir el coste del peaje… la verdad es que el Gobierno sigue sin adelantar ni una sola línea de lo que es el Plan para el establecimiento de peajes en la red de carreteras de alta velocidad del Estado.
