Los cargadores quieren seguir pagando cuando les venga bien

El proyecto de Ley de régimen sancionador contra la morosidad en el transporte, que se encuentra ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación, está siendo formalmente “atacado” por el lobby de cargadores con la intención de rebajar el importe de las sanciones prevista de tal manera que pierda todo efecto disuasorio.

Hace unos meses entrevistamos a Alejandro Sánchez, director de logística de AECOC, y nos confirmó que los cargadores están de acuerdo en que se cumplan las condiciones de pago pactadas y en que se establezca un baremo sancionador de la morosidad, sin embargo FENADISMER ha sabido que los cargadores han conseguido que varios grupos políticos introduzcan enmiendas en el texto del proyecto de Ley, que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados sobre el régimen sancionador de la morosidad en el transporte, para rebajar de tal forma el importe de las sanciones (hasta una sexta parte de la propuesta del texto aprobado en Consejo de Ministros) que pierda todo efecto disuasorio, es decir, que pueda compensar a muchos cargadores seguir incumpliendo plazos de pago porque el importe de la sanción les da poco más que risa.

Os recordamos que el importe de las sanciones que prevé la propuesta de Ley que se tramita en el Congreso es de 2.000 euros, cuando el importe del contrato de transporte es inferior a esa cantidad; del importe de la deuda, si el contrato de transportes está entre 2.000 y 4.000 euros, y de 6.000 euros, si el importe del contrato, y de la deuda del cargador, excede de 4.000 euros. Es decir, se fijan unas cantidades realmente disuasorias. Sin embargo, en las enmiendas presentadas por estos Grupos Políticos, las cuantías equivalentes serían 600, 800 y 1000 euros respectivamente, es decir, muy poco o nada efectivas para acabar con la morosidad en el transporte, a juicio de FENADISMER.

Esta propuesta de Ley obedece al compromiso firmado por el Gobierno con el Comité Nacional del Transporte en julio de 2020 y que puso fin a la convocatoria de paro de transporte.

Sin embargo, los cargadores han logrado “convencer” al Partido Popular y al Partit Democrata de Cataluña para que introduzcan enmiendas en este texto de tal forma que el importe de las sanciones sea poco menos que anecdótico. Y a estas altura, y con el tiempo que lleva rodando la Ley contra la morosidad, de 2014, todos sabemos que, sin sanciones que quiten las ganas de pagar tarde, dos terceras partes de los clientes de los transportistas lo seguirán haciendo, como lo hacen hoy en día, según el Observatorio de la Morosidad en el transporte que todos los meses elabora la Fundación El Quijote para el Transporte. Y una parte importante de estos cargadores además, pagan por encima de los 90 días.

Y la Ley de lucha contra la morosidad, que es de 2014, y no incluye régimen sancionador por pagar tarde, dice que el pago debe efectuarse a los 30 días de realizado el servicio, y en todo caso nunca más allá de 60 días.

En 2020, el plazo medio de pago en el transporte superó los 80 días. Y en los meses que llevamos de 2021, también. Evidentemente, los cargadores a los transportistas los quieren además de para que les entreguen sus mercancías en perfecto estado y dentro de plazo, para que les financien.

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