La Inspección de Transporte 2023 puesta en duda por Comisiones Obreras

Comisiones Obreras pone en duda los objetivos de la Inspección de Transporte 2023 en un comunicado de prensa en el que acusa al Ministerio de Transportes de estar a voluntad de los criterios del Comité Nacional y, en consecuencia, de las grandes empresas de transporte.

Está claro que el objetivo de algunas organizaciones de poner en duda la validez del Comité Nacional está calando, pero no esperaríamos que lo hiciera en una organización sindical como Comisiones Obreras, que debería conocer cómo funciona el Comité Nacional, cómo se compone, cuál es su objetivo, qué tipo de organizaciones están presentes y sobre todo cuál es su función, meramente consultiva.

En un comunicado de prensa del 1 de diciembre, Comisiones Obreras «denuncia que este pacto (en referencia al Plan de Inspección del Transporte 2023) supone otra muestra más de que quien manda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no es el Gobierno, sino los grandes empresarios del sector a través del Comité Nacional de Transporte por carretera (CNTC) y de la connivencia existente entre ambos para no resolver los problemas estructurales del sector«.

La Inspección de Transporte 2023 puesta en duda por Comisiones Obreras

Como todos los años, el Ministerio de Transportes consensúa un plan de inspección para el año siguiente con el Comité Nacional del Transporte y las Consejerías de Transporte de todas las Comunidades Autónomas y se pone el foco en los problemas que, tanto las organizaciones empresariales, como las comunidades autónomas y la propia inspección de transporte han estimado como más urgentes. Para 2023: la morosidad, el cumplimiento de la Ley de la Cadena de Transporte, el control de las empresas buzón o el cumplimiento de la prohibición de que el conductor cargue y descargue.

Comisiones Obreras cree que estos objetivos de la Inspección de Transporte interesan a las empresas de transporte pero no al sector en su conjunto y achaca esta circunstancia a la falta de recursos humanos de la Inspección de Transporte, lo cual, la escasez de inspectores, es una realidad.

«Aprobación de leyes a medida del Comité Nacional»

Para los representantes de este sindicato, el Comité Nacional no es el órgano válido de interlocución ya que no están representados los agentes sociales en el mismo, por eso, estima que la regulación que sale del Ministerio de Transportes está dictada por las organizaciones empresariales: «Ya hemos asistido a la aprobación de leyes a medida del CNTC: limitaciones a la carga y la descarga que no han eliminado la participación de los conductores en estas tareas, la prohibición de trabajar por debajo de costes, la ampliación a las exenciones de llevar tacógrafo, el reguero de subvenciones y ayudas al combustible bajo el chantaje del paro patronal. A esta legislación ahora se sumaré un plan de inspecciones hecho a su medida.«

La prohibición de carga y descargar no solo beneficia al empresario de transporte, también al conductor, así lo entienden los empresarios de transporte. El conductor no va a cobrar menos por no realizar estas funciones, como no cobraba antes más por hacerlo. Si hay incumplimiento generalizado, según Comisiones Obreras, lo que debería hacer es denunciar ante la Inspección de Transporte dónde, cómo y cuándo.

Incluir la supuesta ampliación de las exenciones a llevar tacógrafo como una regulación más a la medida del sector… Vamos a recordarle a Comisiones Obreras que, sencillamente se ha traspuesto el reglamento comunitario (Paquete de Movilidad) que actualiza y modifica estas exenciones.

«Reguero de subvenciones y ayudas al combustible bajo el chantaje del paro patronal»

Y en cuanto al reguero de subvenciones al combustible, también recordamos que la ayuda de 20 céntimos/litro de combustible ha beneficiado a todos los ciudadanos, transportistas o no, y que ha sido la misma para todos. Las empresas de transporte han sido beneficiarias de ayudas directas porque han visto subir sus costes en unos meses de una forma imposible de asumir, como en otras circunstancias se ha subvencionado otras actividades.

El transporte de mercancías, durante y después del COVID no ha recibido ningún tipo de ayuda ni ha entrado en ningún plan de subvenciones, como sí lo han hecho muchas otras actividades económicas y sectores.

Competencia de Trabajo, no de Transportes

Sigue en su comunicado, este sindicato afirmando que «El plan de inspección debería enfocarse a sancionar a las empresas que incumplen el reglamento europeo que prohíbe pagar por kilómetro para garantizar la seguridad vial y los accidentes en carretera. Sin embargo, la mayor parte de las empresas de este país retribuyen a su personal por kilómetro.«

Comisiones Obreras olvida o ignora que este asunto particular no es competencia de la Inspección de Transportes, si no de la de Trabajo y que, si esto sucede, su obligación es ponerlo en conocimiento de la misma para que inspeccione y sancione a quién corresponda.

«El personal conductor de vehículos pesados es el segundo colectivo en número de accidentes mortales en España: mientras la fatiga los mata, el Ministerio se dedicará a vigilar si los empresarios cobran o no lo que otro empresario no les paga

El Ministerio de Transportes y la Inspección de Transportes están para dar cumplimiento a la legislación en materia de transporte y no de otras administraciones (Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo). Su obligación en este sentido es garantizar el correcto funcionamiento del sector de transporte español, que pueden ejercer su actividad con normas que garanticen la competitividad y la viabilidad de las empresas que lo conforman: de ahí normas que aseguren que no se cobra el transporte por debajo de costes, que los cargadores no imponen condiciones abusivas, que las empresas deslocalizadas cumplen con los últimos requerimientos del Paquete de Movilidad, con las limitaciones impuestas al cabotaje, el retorno de los conductores, de los vehículos a sus países de establecimiento, la declaración de desplazamiento de los mismos, que se cumple la legislación en materia de tiempos de conducción y descanso (que se estableció no solo por la seguridad y salud de los conductores y de la seguridad vial, si no también por igualar condiciones de competencia entre empresas de todos los estados miembros), etc.

No es sensato criminalizar a todo un sector

«Las irrisorias sanciones por incumplir los tiempos de conducción y descanso están siendo amortizadas por las empresas con los correspondientes descuentos salariales en algunos casos. Las personas trabajadoras del sector no importan para el Ministerio y no se merecen ni siquiera opinar en los planes que deberían luchar contra el fraude que soportan y sobre las medidas que pueden reducir que fallezcan en la carretera.«

Las «irrisorias sanciones» por no cumplir la legislación en tiempos de conducción y descanso puede alcanzar los 4001 euros, pérdida de la honorabilidad directa e inmovilización del vehículo. También hay infracciones de 100, 500 u 800 euros, pero todo va en proporción a la gravedad. No dudamos que haya empresas que determinadas sanciones las den por buenas, si les permite cubrir otro tipo de objetivos. O que haya empresas que descuenten el importe de estas sanciones del salario del conductor, que inicialmente son para la empresa de transporte, porque es legítimo, cuando consideran que el único responsable de la misma es el conductor. Y para esto tiene que haber una seguridad muy evidente. Pero generalizar, no es adecuado, no es justo y no es sensato.

Como no es sensato criminalizar a todo un sector de transporte que cumple más que sobradamente con la sociedad.

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